Alaska Community Action on Toxins (ACAT), fundada en 1997, se basa en la justicia medioambiental y trabaja para proteger la salud de la población y el medio ambiente de Alaska mediante la reducción del uso de sustancias tóxicas, la defensa de cambios políticos que promuevan alternativas más seguras, la investigación científica sobre el impacto de las sustancias químicas tóxicas y la educación y divulgación entre los residentes. En concreto, ACAT se centra en abordar la exposición a sustancias químicas tóxicas en las comunidades indígenas y rurales de Alaska, a menudo desproporcionadamente afectadas por estas sustancias químicas debido a sus estilos de vida tradicionales de subsistencia y a su dependencia de los recursos locales. La contaminación militar y los contaminantes orgánicos han asolado Alaska con altas incidencias de cáncer, bajo peso al nacer y abortos espontáneos nunca vistos antes de la década de 1950. Tras el cierre de las bases de la Guerra Fría, sólo en una zona había 34 lugares contaminados en nueve millas cuadradas, incluidos 220.000 galones de combustible derramado, así como metales pesados, amianto, disolventes, pesticidas y PCB.
ACAT lleva más de veinticinco años defendiendo la salud y los recursos naturales de Alaska. Sus 18 empleados son una mezcla de ecologistas, científicos y defensores indígenas y no indígenas que promueven acciones locales, estatales, nacionales e internacionales para proteger a las personas y salvaguardar su aire, su agua y sus alimentos. ACAT ha conseguido la participación de miles de alasqueños a través de programas para votantes y ha apoyado programas educativos que abarcan desde los derechos humanos hasta la jardinería ecológica. También ha conseguido victorias políticas limitando el uso de pesticidas y asegurando prohibiciones globales de sustancias químicas que dañan los ecosistemas árticos y a los pueblos indígenas a través de su trabajo en la negociación y aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes. En la actualidad, ACAT se centra en exigir responsabilidades a las empresas e industrias por las sustancias químicas PFAS que ponen en peligro Alaska. Se ha asociado con otras organizaciones ecologistas para instar a los legisladores estatales a que aprueben el proyecto de ley 121 del Senado para proteger el agua potable de la población.
Para más información:
Hablando de Alaska: Nueva propuesta de normativa sobre PFAS - Alaska Public Media/PBS, abril de 2023
Biden anuncia asesores en justicia medioambiental - E&E News, marzo 2021
Tracking Toxics, de Bill Sherwonit, 2003, la historia de la isla de San Lorenzo y Annie Alowa
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